Cómo un grupo de campesinos denunció a un viñedo por abusos laborales y ganó

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Mauritson Farms Inc. en el condado de Sonoma pagará 328 mil 077 dólares a 21 de sus ex empleados como parte de un acuerdo legal con la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas de California (ALRB, por sus siglas en inglés), el mayor acuerdo monetario que se ha visto en la oficina de Santa Rosa de esta dependencia. Funcionarios de la ALRB, junto con decenas de activistas laborales y trabajadores agrícolas, anunciaron el acuerdo en una conferencia de prensa el lunes 24 de julio de 2023 en Healdsburg.

Mauritson Farms Inc, que gestiona los viñedos, es una empresa independiente y distinta de Mauritson Wines. Ambas empresas son propiedad de la familia Mauritson.

Tras una investigación impulsada por las quejas de los trabajadores agrícolas, los funcionarios del ALRB determinaron que Mauritson Farms tomó represalias contra el equipo entero de antiguos empleados porque algunos de ellos se organizaron a finales de la temporada de cultivo de 2021 para denunciar las condiciones de trabajo inseguras en los viñedos de Mauritson.

“Debemos reconocer que se trata de una victoria iniciada por los trabajadores para defender no sólo sus derechos, sino también su dignidad”, dijo el activista Davin Cárdenas en una conferencia que se llevó a cabo el pasado 24 de julio. Cárdenas es el director de la organización North Bay Jobs With Justice (NBJWJ, por sus siglas en inglés), un grupo de derechos laborales que apoyó a los trabajadores en su denuncia.

“Se trata de un caso que establece un precedente para otros trabajadores de la región”, afirmó Cárdenas.

Los trabajadores implicados eran inmigrantes mexicanos, originarios del estado de Oaxaca, y se encontraban en los Estados Unidos con la visa H-2A, que permite a los trabajadores agrícolas permanecer en el país por períodos limitados.

KQED reportó por vez primera el año pasado que ninguno de los trabajadores oaxaqueños que denunciaron los hechos en 2021 fueron recontratados para la temporada de cultivo de 2022, pese a las promesas que hizo la dirección de la empresa. En su denuncia presentada contra Mauritson el pasado mes de marzo, el ALRB determinó que el hecho de que Mauritson no volviera a contratar a estos trabajadores representa una violación de sus derechos laborales.

“Cuando recibí la noticia, agradecí a Dios que se ganó porque no fue nada fácil. Teníamos mucho miedo de hablar. Fue un proceso complicado, pero hay que quitarse ese miedo”, dijo Martín Sandoval Rivera, uno de los trabajadores que denunció las condiciones en Mauritson Farms. Actualmente se encuentra en Oaxaca, con varios trabajos para mantener a su familia.

Sandoval Rivera y sus compañeros dijeron que sufrieron acoso verbal por parte de su supervisor, que se les negó sombra mientras trabajaban en los campos cuando las temperaturas superaban los 90 grados Fahrenheit (equivalente a 32 centígrados) y que no recibieron sus períodos de descanso y almuerzo en algunas ocasiones. Todo esto viola las regulaciones laborales de California.

Seis de los trabajadores, incluido Sandoval Rivera, buscaron el apoyo del grupo de derechos laborales NBJWJ para mediar en la situación. NBJWJ organizó una reunión con los trabajadores y los directivos de la empresa en octubre de 2021.

En esa reunión, el director del viñedo, Cameron Mauritson, prometió que las condiciones en los campos mejorarían y aseguró a los trabajadores que volvería a contratarlos en 2022, aliviando así la mayor preocupación de los trabajadores: que se les fuera a negar empleo en el futuro por haber pedido mejoras laborales. Después de esa plática, Mauritson Farms, que según los trabajadores previamente gestionaba el proceso de contratación a través de las redes sociales, contrató a CIERTO Global, una empresa multinacional que busca mano de obra en el extranjero para el sector agrícola de Estados Unidos.

Mauritson Farms pide a CIERTO Global que busque a trabajadores para la temporada de 2022, y por ende le cierra la puerta a los campesinos oaxaqueños. Según la denuncia del ALRB, para las empresas de cultivo de uva, CIERTO Global sólo recluta a trabajadores que viven en el estado mexicano de Baja California, no en Oaxaca.

Además, las capturas de pantalla de un grupo de Facebook que los trabajadores oaxaqueños compartieron con KQED mostraron que los directivos de Mauritson compartieron información incorrecta sobre cómo debían ponerse en contacto los trabajadores con CIERTO para ser considerados para la temporada de 2022. Representantes de CIERTO confirmaron a KQED que esas instrucciones eran falsas.

“Estas instrucciones no reflejan nuestras prácticas con ninguno de los trabajadores a los que atendemos”, respondió por correo electrónico un representante de CIERTO. “Las instrucciones de Mauritson no fueron autorizadas ni difundidas por CIERTO”.

Cuando los trabajadores se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, alertaron al grupo NBJWJ. En febrero de 2022, los activistas presentaron una demanda ante el ALRB en nombre de los seis trabajadores que asistieron a la reunión con Mauritson. Inicialmente, seis de ellos hablaron, pero en su investigación, el ALRB descubrió que Mauritson había tomado represalias contra todo la cuadrilla de 21 personas al que pertenecían los seis trabajadores.

El acuerdo de 328 mil 077 dólares que beneficiará a los 21 trabajadores representa lo que los trabajadores perdieron en ingresos por haber sido excluidos de la temporada de 2022, según los cálculos del ALRB. Una audiencia con un juez ya había sido programada para finales de este verano, pero el acuerdo entre la empresa y el ALRB concluye este proceso.

En una declaración enviada por correo electrónico a KQED, Mauritson Farms declaró que “cree firmemente que [no estaba] en ninguna violación de la Ley de Relaciones Laborales Agrícolas (ALRA). Este acuerdo es estrictamente una decisión empresarial que nos permite resolver este asunto sin necesidad de más litigios”.

“Después de tantos abusos, creo que es justo que se respeten nuestros derechos y se nos respete por lo que somos”, dijo Miguel Ángel Bravo Silva, uno de los seis trabajadores que se reunieron con Mauritson. Durante el último año y medio, ha buscado cualquier trabajo en su comunidad rural de Oaxaca para mantener a su esposa y sus dos hijos y, al mismo tiempo, se ha mantenido en contacto con funcionarios del ALRB que investigaban la situación.

Durante meses, el ALRB trabajó para localizar a los 21 trabajadores que no fueron recontratados. Una vez finalizada la temporada de 2021, muchos regresaron a pueblos remotos de Oaxaca, donde el acceso al internet y la cobertura de telefonía móvil son extremadamente limitados y, para algunos, inexistentes. Localizar a la gente fue uno de los retos, dijo la directora regional de ALRB, Jessica Arciniega. El otro era establecer confianza.

“En muchos casos, resulta difícil mantener la comunicación con los trabajadores”, explica. “Pueden no estar familiarizados con nuestro proceso, con nosotros como agencia gubernamental y con lo que realmente hacemos. Así que puede que no siempre se sientan 100% preparados o cómodos de compartir toda esta información”.

Los trabajadores no sólo temen sufrir más represalias del mismo empleador, sino que, como informó KQED el año pasado, muchos empleadores utilizan una red de reclutadores para impedir que los trabajadores que denuncian encuentren otro empleo en el futuro. En ese mismo reportaje, KQED compartió la historia de Kevin y Samuel, dos ex empleados de Mauritson que estaban entre los seis que hicieron la primera denuncia.

Kevin y Samuel eran en realidad los alias de Sandoval Rivera y Bravo Silva, respectivamente.

En aquel momento, ambos hombres tenían mucho miedo de las repercusiones que podría tener el compartir públicamente sus identidades durante la investigación del ALRB. A medida la investigación se hacía más larga, Sandoval Rivera sentía cada vez menos confianza en que hubiera una respuesta por parte de las autoridades, especialmente a medida que empeoraba la situación económica de su familia. “La necesidad te hace pensar muchas cosas”, dijo.

Sin embargo, él y Bravo Silva se alegran de haber esperado los resultados de la investigación y el acuerdo. Esto no sólo les beneficiará a ellos, dice Bravo Silva, “sino también a los trabajadores inmigrantes que ahora trabajan en esa empresa, para que se les respete más y no se sientan solos. Hay leyes que protegen a los trabajadores agrícolas”.

Celebrando una difícil victoria

Con pancartas y carteles, muchos de ellos con la frase de Emiliano Zapata, como “La tierra es de quien la trabaja”, decenas de trabajadores agrícolas y activistas con NBJWJ llenaron parte de la plaza principal de Healdsburg para la conferencia de prensa que se realizó el pasado 24 de julio.

“Ustedes representan a los trabajadores agrícolas que no pueden estar hoy aquí, pero cuya valentía nos ha dejado este legado, que luchando y encontrando aliados, los trabajadores podemos lograr muchas cosas”, dijo Ana Salgado, quien anteriormente era una trabajadora agrícola y ahora es una activista comunitaria y forma parte de la junta directiva de NBJWJ.

A pocas calles de esa plaza se encuentra el centro comunitario donde Salgado conoció a varios de los hombres que entonces trabajaban para Mauritson. Recuerda las primeras conversaciones que mantuvo con los trabajadores.

“Miré a uno de ellos y vi la preocupación en su cara”, dijo, “tomé su mano y le dije ‘ya puedes abrirte, estás en un espacio seguro'”.

“Tantos trabajadores que tienen la visa H-2A temen perder la oportunidad que tienen porque los empleadores les dicen que es un privilegio ser traídos de México con una visa”, explicó. “Pueden estar sufriendo muchos abusos, pero no quieren decir nada porque tienen miedo de perder lo que consideran un privilegio”.

‘Leyes que no se cumplen’

El programa de visados H-2A es el sucesor del Programa Bracero, que trajo trabajadores mexicanos a los campos agrícolas de Estados Unidos durante la década de 1940. El actual sistema H-2A ahora trae a trabajadores de todo el mundo para trabajar en Estados Unidos y, como parte del programa, los empleadores deben proporcionar alojamiento, transporte y comidas, lo que da a las empresas un increíble poder sobre la vida personal de sus trabajadores.

Y al igual que el Programa Bracero, el sistema H-2A está plagado de robo de salarios, abuso físico y mental a los empleados, y represalias por parte de los empleadores hacia los trabajadores que denuncian las condiciones laborales, esto según una investigación de 18 meses publicada en abril por las agencias de noticias Prism, Futuro Investigates y Latino USA.

Tanto el gobierno federal como el de California han reforzado sus leyes laborales desde la década de 1940, así que ¿por qué persiste el abuso de los trabajadores H-2A?

Una de las razones es que las dependencias regulatorias necesitan más personal y recursos para hacer cumplir las normas laborales, dice Josephine Weinberg, abogada de California Rural Legal Assistance (CRLA, por sus siglas en inglés), un bufete de abogados sin fines de lucro que representa a campesinos que han sufrido represalias y abusos en el lugar de trabajo.

“Contamos con las dependencias. Contamos con normas. Pero faltan los mecanismos para hacer cumplir las leyes y monitorear los campos. Así que lo que nos toca no es más que leyes simbólicas'”, dijo.

Aproximadamente 1 de cada 3 puestos sigue vacante en la Oficina del Comisionado Laboral de California, uno de los organismos encargados de investigar el robo de sueldos y las represalias en todas las industrias en el estado. La escasez de empleados en esta dependencia deja al personal actual sobrecargado de casos, lo que significa que quienes presentan una denuncia a menudo tienen que esperar años para obtener un resultado. Decenas de empleados de esta agencia mandaron una carta a legisladores estatales a principios de julio, argumentando que ellos están “fracasando en nuestra misión si no podemos contratar y retener al personal necesario”.

En el ALRB, la directora regional Jessica Arciniega señala que su agencia tiene cinco oficinas repartidas por varias regiones agrícolas del estado, “pero California es un estado inmenso y hay muchos trabajadores agrícolas en todo el estado”.

“No tenemos oficinas en todas las regiones agrícolas”, dice, “así que hacemos lo que podemos en este enorme estado para cubrir dondequiera que estén los trabajadores”. Añade que el departamento colabora estrechamente con organizaciones comunitarias y sindicales, como NBJWJ, para conectar con más obreros.

Pero activistas laborales insisten en que hay que hacer más para aplicar mejor las normas laborales y mejorar el programa H-2A en su conjunto. Weinberg, de CRLA, añade que los reguladores deben vigilar más de cerca los campos agrícolas, con visitas aleatorias durante la temporada de cultivo. Y por otro lado, los empleadores deben facilitar que las agencias y los grupos laborales hablen con los campesinos sin restricciones.

La forma en que se diseñó el programa H-2A, en el que las empresas tienen un control directo sobre el alojamiento, el transporte, la situación migratoria e incluso la alimentación de sus empleados, dificulta enormemente que los trabajadores puedan hablar libremente.

“No tienen acceso a un lugar donde sientan que pueden hablar confidencialmente o de forma anónima sobre lo que está pasando”, dijo Weinberg.

El 19 de julio, el gobernador Gavin Newsom anunció un programa piloto de 4.5 millones de dólares para proporcionar servicios legales gratuitos de inmigración a los trabajadores agrícolas que están involucrados en investigaciones laborales estatales. Esto incluiría servicios de revisión de casos, asesoramiento jurídico y representación por un abogado a los trabajadores en California que tienen un caso pendiente ya sea con el ALRB, la Oficina del Comisionado Laboral o Cal/OSHA.

El objetivo de este programa, según los funcionarios, es abordar uno de los temores que impiden a los empleados hablar, que es el miedo a perder su visado o a no volver a ser contratado, poniéndolos en contacto con expertos en inmigración que podrían ayudarles a encontrar formas de permanecer en este país. Y a principios de este año, el gobierno del presidente Biden presentó una nueva y simplificada iniciativa de “acción diferida” que permite a los trabajadores solicitar un permiso de trabajo y dos años de protección frente a la deportación si cooperan con una investigación sobre derechos laborales.

Pero, por encima de todo, afirma Salgado de NBJWJ, lo que realmente ayuda a la gente a sentirse con la seguridad de hablar es saber que hay casos en los que el sistema funciona a favor de los trabajadores. “Sin duda, el resultado del caso Mauritson, reafirma la fe entre nosotros, pero también la credibilidad del trabajo que hacemos cuando salimos a hablar con los trabajadores”.

Nota del editor: La versión original de este reportaje describió de manera errónea a Mauritson Farms como una bodega vinícola, en vez de una empresa de viñedos. Este reportaje ha sido actualizado para aclarar la relación entre Mauritson Farms, Inc. y Mauritson Wines.

Este artículo incluye información de las periodistas Farida Jhabvala Romero y Tyche Hendricks, de KQED. Además fue traducido por María Peña y editado por Carlos Cabrera-Lomelí