Trabajar con una visa H-2A en EE.UU.: Las represalias que pueden enfrentar los trabajadores agrícolas que alzan la voz

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n par de botas, unas camisas y unos pantalones.

Eso fue lo que Samuel dejó el pasado octubre en el cuarto que compartía con otros trabajadores del campo en Mauritson Farms, un viñedo en el Condado de Sonoma, el cual está ubicado en el corazón de la región vitivinícola de California.

Él iba de regreso a su pueblo natal en el estado mexicano de Oaxaca. La cosecha de la uva había terminado y el plazo de su visa H-2A pronto terminaría. Había trabajado para Mauritson Farms desde el 2019 con una visa H-2A, la cual otorga a trabajadores agrícolas de todo el mundo una estancia temporal en Estados Unidos.

El programa H-2A, lanzado en 1986, es el sucesor al programa Bracero, el cual operó desde 1942 hasta 1964, y permitió que decenas de miles de mexicanos trabajaran en granjas estadounidenses. Sin embargo, grupos laborales han criticado al programa Bracero por no proteger a los trabajadores que sufrieron robo de salarios, maltrato físico y pésimas condiciones laborales y de vida.

Con la visa H-2A, Samuel y otros muchachos provenientes de pueblos y comunidades rurales cerca del municipio de Sola de Vega en Oaxaca venían a California para trabajar de febrero a octubre en los campos de Mauritson Farms, los cuales producen la marca de vino Mauritson Wines.

Samuel dejó sus pertenencias en Healdsburg con planes para regresar en 2022. Pero Mauritson Farms nunca lo volvió a contratar.

A finales de la temporada de cosecha del 2021, Samuel y otros cinco trabajadores de Oaxaca manifestaron su oposición a lo que para ellos habían sido condiciones laborales injustas e inseguras durante los últimos tres años. Según ellos, tuvieron que trabajar en temperaturas extremadamente altas sin las protecciones adecuadas contra el calor, parte de su salario fue descontado sin ninguna razón y además experimentaron abuso verbal del encargado que los supervisaba.

Con el apoyo de North Bay Jobs With Justice, un grupo de derechos laborales en el Condado de Sonoma, los seis trabajadores se reunieron con el gerente del viñedo, Cameron Mauritson, el pasado mes de octubre para hablar sobre lo que estaba sucediendo.

“Se disculpó con nosotros, que él se sentía mal con lo que estaba pasando en su compañía”, dijo Kevin, uno de los trabajadores del campo que estaban presentes ese día. Kevin trabajó junto a Samuel durante esos tres años. “Él se comprometía a llevarnos otra vez para allá a trabajar”, agregó.

Para Samuel y Kevin (cuyos nombres verdaderos KQED no ha divulgado para protegerlos de posibles futuras represalias), esta promesa representaba mucho más que una oferta de trabajo para el siguiente año. Lo tomaron como una señal que podían expresarse libremente acerca de las condiciones laborales y que Mauritson no haría lo que más temían: tomar represalias contra ellos y nunca más contratarlos.

“Dejamos nuestras cosas [en Mauritson Farms] creyendo que íbamos a regresar”, dijo Samuel, pero de esas promesas, dice, “no hay nada”.

De los seis trabajadores que se reunieron con Mauritson en octubre, ninguno fue contratado de nuevo en 2022, pese a que presentaron sus solicitudes de trabajo con Cierto Global, la compañía externa de selección de personal. Tanto Samuel como Kevin creen que no fueron contratados otra vez porque se quejaron acerca de las condiciones laborales en los viñedos de Mauritson Farms. Sin embargo, lo que hicieron está dentro los derechos laborales y protección a los trabajadores en California.

Representantes de North Bay Jobs With Justice afirman que han intentado comunicarse con Mauritson varias veces desde febrero, sin recibir una respuesta. Además, Mauritson no aceptó la invitación de una entrevista con KQED.

El 7 de febrero, North Bay Jobs With Justice presentó un cargo contra Mauritson Farms por parte de los seis trabajadores con el Consejo de Relaciones del Trabajo Agrícola de California (ALRB por sus siglas en inglés). El ALRB es la agencia estatal que investiga posibles abusos laborales en el sector agrícola. La denuncia sostiene que Mauritson Farms discriminó contra los trabajadores cuando esta compañía se negó a darles empleo luego de que estos formaron parte de una “actividad concertada”, o sea organizarse para pedir mejoras laborales.

A medida que avanza la investigación del ALRB, Samuel y Kevin siguen buscando empleo en Oaxaca y en EE.UU., pero hay pocas oportunidades. Ya terminó la temporada para recibir una visa H-2A este año, entonces por ahora la única opción es buscar trabajo en México. Con pocos ahorros restantes y familias que mantener, se les está acabando el tiempo.

Además de ser el estado con el sector agrícola más grande del país, California tiene la tercera parte de trabajadores extranjeros con una visa H-2A. El año pasado, más de 32 mil obreros provenientes de todo el mundo llegaron a California con una visa H-2A para trabajar en la industria agrícola. Y pese a que el estado ha desarrollado un sistema complejo de reglamentos y dependencias para proteger a estos trabajadores, los inmigrantes con visas H-2A siguen siendo extremadamente vulnerables a represalias ilegales por parte de sus empleadores.

Para contratar a trabajadores extranjeros, muchos empleadores usan una red de reclutadores externos que operan dentro y fuera del país. Trabajadores como Samuel y Kevin dependen de estos reclutadores para encontrar empleo en EE.UU. y navegar el proceso para recibir una visa H-2A.

Sin embargo, es común que estos reclutadores pongan en lista negra a empleados que denuncien un procedimiento laboral injusto, no sólo para un empleador, sino también para muchas empresas más en la industria agrícola. Para los trabajadores afectados, esto perjudica su futuro laboral en los EE.UU. y para funcionarios laborales estadounidenses, complica su tarea para hacer cumplir las leyes laborales que prohíben represalias.

Es ilegal que los empleadores tomen represalias pero ‘aún así lo hacen’

Cynthia Rice ha trabajado como abogada de derechos laborales por más de 20 años. Ahora es la directora de litigio, abogacía y entrenamiento en California Rural Legal Assistance (CRLA, o en español, Asistencia Jurídica Rural de California) un despacho de abogados que ofrece ayuda legal. Rice ha representado a decenas de trabajadores del campo en casos que implican condiciones laborales peligrosas, robo de sueldos y represalias.

Cuando habla con un cliente por primera vez, recalca lo siguiente.

“Es ilegal que un empleador tome represalias”, dijo, pero agregó que, “nunca decimos que un empleador no puede tomar represalias porque claro que pueden hacerlo. Sólo que es ilegal y aún así lo hacen”.

Gracias a décadas de activismo liderado por campesinos e inmigrantes, California cuenta con varias dependencias que hacen cumplir las leyes laborales, entre ellas los reglamentos que prohíben represalias. El ALRB fue creado luego de que el entonces gobernador Jerry Brown aprobara la Ley de Relaciones Laborales Agrícolas en 1975, la cual garantiza el derecho de los trabajadores del campo a la negociación colectiva. A parte de eso, la Oficina del Comisionado Laboral investiga sueldos mal pagados o robados, y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal/OSHA por sus siglas en inglés) hace cumplir reglamentos estatales, como las protecciones contra el calor para quienes trabajan al aire libre.

A nivel nacional, el Departamento de Trabajo procesa las órdenes de trabajo del programa H-2A y regula los contratos de trabajadores extranjeros. Dentro de esta dependencia, la División de Salarios y Horas de Trabajo investiga casos en donde compañías no están pagando a sus empleados adecuadamente o se niegan a ofrecer vivienda, transporte o comida, lo cual es requerido por el gobierno federal.

Muchos trabajadores agrícolas contactan a Rice después de que perdieron sus empleos o al final de la temporada de cosecha. “Ahí es cuando hablan sobre posible robo de sueldos, si no les dieron de comer o si su lugar de trabajo no tenía baños”, ella explicó.

Pero ese momento ya es muy tarde, dice ella, particularmente para los trabajadores con visa H-2A que tienen una estancia limitada en EE.UU. Esto limita el tiempo que abogados como Rice tienen para recaudar pruebas y testimonios antes de que el trabajador se vaya del país, lo cual complica el proceso aún más ya que muchos obreros vienen de comunidades rurales y aisladas en México, Centroamérica y el Caribe con muy poca conexión celular o internet.

Entonces, ¿por qué esperar hasta el último momento para alzar la voz?

Hay varias maneras en que los trabajadores con visa H-2A pueden experimentar una represalia. Una es perder su trabajo (y al mismo tiempo sus visas), pero también pueden sufrir amenazas o castigos. Samuel recuerda que a su cuadrilla le tocó trabajar en los viñedos cuando las temperaturas superaban los 95 grados Fahrenheit (equivalente a 35 centígrados). “A veces nos sentíamos bien deshidratados que se desmayaba uno”. dijo. “Sentíamos que queríamos vomitar”.

Cuando le avisaron al encargado cómo se sentían, Samuel afirma que este se rió y les dijo que siguieran trabajando. Kevin agregó que había varios días calurosos en que los trabajadores no recibieron ninguna protección, lo cual va en contra de leyes estatales. “Estaba el calor a 90, 95 grados y no había ninguna sombra para tomar un vaso de agua o sentarte a descansar un ratito. Nada de eso”, dijo.

Cuando el mercurio sube a los 80 grados Fahrenheit (equivalente a 26.7 centígrados), Cal/OSHA exige a los empleadores que proporcionen suficiente agua, sombra y descanso a sus trabajadores. En términos prácticos, cada empleado debe recibir al menos un cuarto de galón de agua (equivalente a 950 mililitros) por hora y puede descansar en la sombra a cualquier momento que lo necesite. Sin embargo, una investigación de NPR en 2021 reveló que más de 40 trabajadores agrícolas murieron en California por golpe de calor y otras enfermedades relacionadas al calor dentro de un periodo de 10 años.

Cal/OSHA afirma que las muertes relacionadas al calor se pueden prevenir, pero esta dependencia ha lidiado con falta de personal suficiente por varios años, lo cual limita su capacidad para regular las miles de granjas, campos y viñedos que operan a lo largo de California. Por ende, la responsabilidad de proteger a los trabajadores del calor termina siendo la del empleador únicamente.

Una red de represalias en EE.UU. y el extranjero

Según un reporte del Centro de los Derechos del Migrante publicado en 2020, es bastante común que los empleadores en el programa H-2A usen amenazas para ejercer mayor control sobre sus trabajadores y prevenir que alcen la voz. La organización entrevistó a 100 trabajadores que previamente formaron parte del programa H-2A y 100 por ciento de ellos experimentaron al menos una seria violacion legal de sus derechos y 94 por ciento de ellos, al menos tres violaciones a sus derechos laborales.

Rice de CRLA señala que los empleadores en el programa H-2A tienen muchísimo control sobre sus trabajadores. Un empleador debe proveer vivienda, comida, además de transporte de ida y vuelta del sitio de trabajo. Además, muchos trabajadores no tienen su propio vehículo, ni una licencia para conducir y por ende dependen de sus jefes para hacer viajes esenciales como comprar comida o recibir atención médica.

“Un trabajador que experimenta malas condiciones de trabajo siempre puede irse de manera voluntaria, ¿verdad?” dijo Rice. “Bueno, eso no es cierto para los trabajadores con visa H-2A”.

“Este programa funciona de manera similar al trabajo no abonado que se vio por varias décadas después de la Guerra Civil de EE.UU, a través de la aparcería”, agregó la abogada. “El trabajador depende tanto del empleador que sería imposible decir que son libres para buscar otras oportunidades.”

La influencia de un empleador abusivo puede perjudicar a un trabajador incluso cuando este último ya haya regresado a su país natal.

Para contratar a nuevos trabajadores, muchos empleadores utilizan a reclutadores externos que operan por todo el mundo. El proceso para reclutar trabajadores está repleto de abusos. Los reclutadores a veces cobran a trabajadores cantidades exorbitantes para conectarlos con compañías estadounidenses y otros mienten por completo acerca de las oportunidades laborales que pueden ofrecer. Aún más, un reporte publicado en el 2015 por la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO por sus siglas en inglés) señaló que estos reclutadores ponen en la lista negra a cualquier empleado que denuncia un abuso por parte de su jefe.

Estos reclutadores, que van desde individuos operando de manera informal hasta multinacionales, generalmente trabajan para múltiples compañías agrícolas en EE.UU. Cuando un reclutador pone a un trabajador en la lista negra, esto va más allá de un solo empleador, sino que tiene repercusiones en sectores enteros de la industria agrícola.

Rice ha visto cómo esto sucede con varios de sus clientes. Luego de reportar a un empleador abusivo en un estado, estos trabajadores no pueden encontrar empleo en otros estados.

“La primera cosa que un empleador hace después de que un trabajador se queja de su salario o condiciones laborales es llamar al reclutador para decirle, ‘No quiero contratar a esta persona el siguiente año porque se quejaron de mí’, y con eso, el trabajador ya no será contratado por esa compañía ni tampoco por todas las otras empresas que mantengan una conexión con ese reclutador”.

Y cuando los trabajadores regresan a sus países de origen, todavía pueden ser perjudicados. El reporte de la GAO relata que cuando funcionarios estadounidenses viajaron a México para hablar con obreros que formaron parte del programa H-2A en el pasado, muchos de estos trabajadores tenían miedo de hablar. Según ellos, su preocupación era que alguien en su pueblo los viera y los reportara al reclutador que opera en esa zona.

La Unión de Campesinos (UFW por sus siglas en inglés), sindicato que opera a nivel nacional, también ha notado este fenómeno. Elizabeth Strater, directora de campañas estratégicas de la UFW, explica cómo varios trabajadores con visa H-2A de origen jamaicano harán todo lo posible para aguantar a un empleador abusivo con el objetivo de permanecer en el grupo de solicitantes del siguiente año. “Los reclutadores tienen una enorme cantidad de control sobre quién puede acceder a las visas dentro de estas comunidades”, dijo Strater.

Cuando Mauritson Farms contrató por primera vez a su cuadrilla en 2019, Samuel y Kevin afirman que la compañía manejó el proceso para contratarlos a través de la aplicación WhatsApp y sin intermediarios. Pero en 2022, la empresa contrató a Cierto Global, una multinacional que se especializa en reclutar trabajadores agrícolas y hasta fue nombrada una “reclutadora ética” por el gobierno del presidente Joe Biden.

Pero aún así, Samuel y Kevin se preocupan que ya no podrán encontrar trabajo en la industria agrícola de EE.UU. “Lo que yo pienso es que [Mauritson] ya no quieren tener más problemas y mejor metieron [el reclutador] para que escojan ahí mejor el que venga”, dijo Kevin.

Controlando a las redes de reclutadores

¿Cómo pueden los funcionarios laborales impedir que las empresas estadounidenses tomen represalias en contra los trabajadores con visa H-2A si esto sucede fuera del país?

El reporte de la GAO indica que actualmente existe muy poca regulación federal sobre el proceso de reclutamiento para el programa H-2A. Pese a que el Departamento de Seguridad Nacional mantiene una extensa lista de todos los inmigrantes con visa H-2A, no existe una base de datos a nivel federal con la información de los individuos o empresas que llevan a cabo estas actividades por parte de empresas estadounidenses.

Agencias estatales como el ALRB de California, que actualmente investiga el caso Mauritson, también se les dificulta hacer cumplir sus propias reglas laborales en estas situaciones. Jessica Arciniega, directora regional para esta dependencia, dice que estos casos son bastantes complicados para su agencia ya que enfrentan limitaciones jurídicas, pero en ciertos casos, este tipo de represalia puede formar parte de una investigación en curso sobre un procedimiento laboral injusto.

“Si existe evidencia que un reclutador actuó como un agente del empleador, entonces eso puede ser algo que investiguemos”, dijo Arciniega.

A nivel federal, los funcionarios del Departamento del Trabajo también están limitados por su jurisdicción. “Nuestra autoridad para hacer cumplir la ley sólo existe en los Estados Unidos. No podemos regular lo que estos reclutadores externos están haciendo en México, por ejemplo”, dijo Rubén Lugo, coordinador regional de la agencia.

Sin embargo, si un grupo de trabajadores reporta un incumplimiento de contrato al Departamento de Trabajo por parte del empleador y el siguiente año ninguno de esos trabajadores es contratado nuevamente, “podemos ver claramente que estos trabajadores sufrieron una represalia”, dijo el funcionario.

En este caso, el gobierno federal puede ordenar al empleador que recontrate a los trabajadores afectados. Y si también hubo robo de sueldos, los funcionarios pueden exigir a la empresa que le pague a los obreros todo lo que les debe. Compañías reincidentes hasta pueden ser removidos del programa H-2A de manera permanente.

Pero estas consecuencias sólo aplican a las empresas en Estados Unidos y no impactan a los reclutadores en el extranjero.

En el 2018, más del 90 por ciento de los trabajadores con visa H-2A provenían de México y según el reporte de la GAO, existe una red bastante desarrollada de reclutadores dentro de ese país. Grupos defensores de migrantes insisten que el gobierno mexicano, al igual que los gobiernos de otros países que abastecen trabajadores para este programa, debe ser más proactivo en regular las actividades de estos reclutadores y también educar a sus connacionales acerca de sus derechos laborales antes de viajar a EE.UU.

Pero los funcionarios mexicanos que hablaron con KQED rechazaron esta idea y argumentan que esto no es la responsabilidad del gobierno mexicano, a pesar de que los mexicanos que trabajan en los campos de EE.UU. mandan millones de dólares cada año a México, lo cual sostiene gran parte de la economía de ese país.

“Las visas H-2A no son un programa binacional”, dijo Remedios Gómez Arnau, cónsul general de México en San Francisco, y agregó que funcionarios mexicanos no tienen ningún papel en el proceso para contratar a los trabajadores del programa H-2A. El gobierno de México sólo se involucra cuando sus connacionales llegan a territorio estadounidense y se comunican con un consulado mexicano, explicó.

“Si la persona sale de territorio nacional y entra a otro territorio a donde tiene una visa, entonces donde nos podemos enterar es aquí si el connacional o la connacional se acerca al consulado y nos dice que tienen un problema”, dijo la cónsul. “Pero antes de eso, las autoridades mexicanas desconocen quién está viniendo aquí siendo contratado”.

‘La manera en que protegemos a los trabajadores debe de también cambiar’

Samuel y Kevin no se arrepienten de haber alzado la voz.

“Nosotros nos sentimos en nuestro derecho”, dijo Samuel y agregó, “No sólo es uno [que se quejó], pero somos varios”.

Para el equipo de North Bay Jobs With Justice, el cual ha apoyado a Samuel y a sus compañeros desde el año pasado, este caso podría ser un parteaguas en la lucha para proteger a los trabajadores del campo en la industria vitivinícola y el resto de California de represalias y procedimientos laborales injustos.

Si la agencia estatal ALRB falla en contra de Mauritson, esto podría alentar a otros trabajadores en la región a denunciar más abusos, dice Ana Salgado, una de las líderes de North Bay Jobs With Justice. Algo así podría ampliar el movimiento a favor de protecciones laborales en el campo antes de que se intensifique la temporada de incendios en California.

Varios grupos que defienden los derechos de trabajadores agrícolas han formado una coalición para exigir al Condado de Sonoma que establezca cinco protocolos de seguridad a medida que los incendios forestales aumentan a causa del cambio climático.

Las cinco demandas incluyen que la industria del vino capacite a sus empleados, en su idioma materno, sobre cómo evacuar y mantenerse seguros durante un incendio forestal. También exigen que se permita la entrada en los viñedos a observadores comunitarios para que estos observen si se están acatando los reglamentos de seguridad laboral. De esta forma, los activistas esperan que ningún trabajador se sienta solo cuando denuncie a un empleador abusivo.

“La Tierra está cambiando y la manera en que protegemos a los trabajadores debe de también cambiar”, dijo Salgado.

Más allá del Condado de Sonoma, activistas laborales proponen reformas estructurales al programa H-2A para hacer responsables tanto a empleadores como a reclutadores por las represalias que tomen. El Centro de los Derechos del Migrante ha recomendado al Congreso que apruebe legislación que reforme el proceso de reclutamiento y garantice asistencia legal a trabajadores que hayan sufrido un abuso laboral, incluso cuando estos se hayan ido del país. También aconseja a dependencias federales como el Departamento de Trabajo que formen una base de datos accesible a cualquier trabajador extranjero y que incluya información de todos los reclutadores y empleadores que participan en el programa H-2A.

Por su parte, Cynthia Rice, la abogada de CRLA, señaló un vacío legal en las regulaciones del programa H-2A que castigan a empleadores abusivos: cuando un trabajador demanda a su empresa por un procedimiento laboral injusto, esta compañía puede llegar a un acuerdo legal con este trabajador y por ende evita admitir que violó una ley laboral.

“Al no aceptar cualquier responsabilidad por un delito, ese empleador puede entrar al programa H-2A otra vez el siguiente año”, dijo Rice. Si funcionarios federales tomarán en cuenta cuáles compañías llegan a acuerdos legales año tras año cuando están decidiendo qué empresas pueden formar parte del programa, eso podría prevenir que empleadores con una historia de abusos sigan contratando a más trabajadores.

Reformar el programa H-2A no sólo beneficiaría a obreros extranjeros, sino también protegería a trabajadores estadounidenses, dice Rice. Si es más fácil explotar a trabajadores con visa H-2A, esto los hace más atractivos para contratar ya que los empleadores saben que pueden explotar a estos sin tener que pagar las mismas consecuencias que cuando hacen lo mismo con estadounidenses.

Mientras espera por el fallo del ALRB, Kevin comparte todo lo que aprendió el año pasado con sus compañeros que están considerando migrar a EE.UU. para trabajar. No quiere que otros pasen por lo mismo que le tocó a él.

“Estábamos felices con el trabajo que nosotros teníamos allá porque teníamos de donde tomar un poco económicamente para mandarle a la familia y para que pudiéramos hacer algo, una casita o invertir en un negocio”, dijo, pero agregó que esto no justifica la manera en que él y sus compañeros fueron tratados. “Nos sentíamos mal con el maltrato que nos estaban dando y entonces empezamos a investigar sobre las cosas que [los empleadores] deben de hacer por ti”.