A principios de enero, Juan José Erazo Herrera comenzó a toser sangre y se le hizo muy difícil respirar. El migrante con 20 años de edad llegó a territorio estadounidense buscando asilo pero ahora se encontraba en la custodia de las autoridades migratorias en una cárcel al norte de Sacramento.
El pasado 7 de enero dio positivo a una prueba de COVID-19, unos días después de que comenzara a experimentar síntomas.
El resultado positivo se sintió como un aguijón para Erazo Herrera. Varias veces le exigió a los oficiales del Servicio de control de inmigración y aduanas (o ICE por sus siglas en inglés) y los de la cárcel del Condado de Yuba que hicieran más para prevenir un brote de coronavirus en la prisión. El año pasado, realizó una huelga de hambre en rechazo de lo que él consideraba condiciones inseguras.
“No nos escucharon”, dijo Erazo Herrera. “Y en verdad no es justo. No es nuestra culpa que nos enfermemos cuando no podemos protegernos”, agregó.
El coronavirus se ha propagado rápidamente dentro de la cárcel del Condado de Yuba y alrededor de la mitad de todos los reclusos han sido contagiados. Desde el mes pasado, más de 120 reos del condado y 9 de ICE han dado positivo en pruebas de COVID-19.
Erazo Herrera cuenta cómo los guardias lo aislaron en una pequeña celda de concreto sin ventanas por 12 días. Cuando llegó a la celda, se acuerda de cómo el espacio estaba en pésimas condiciones, el inodoro estaba muy sucio, moho cubría las paredes y la cama estaba llena de los pelos de otras personas.
“No voy a mentirte, cuando vi la celda por primera vez, empecé a llorar”, dijo Erazo Herrera, quien proviene de El Salvador. “Intenté quejarme. Me dio tanta tristeza ver qué tan sucio estaba todo”.
Los guardias le dijeron que esta era la única celda disponible para hacer cuarentena. Menciona que les pidió productos de limpieza y terminó por limpiar todo a pesar de que tenía un intenso dolor de cabeza y le faltaba el aire.
A lo largo de la pandemia, un juez federal en San Francisco ha monitoreado las condiciones en la cárcel, la cual está localizada en la ciudad de Marysville. El pasado 23 de diciembre fue cuando el magistrado ordenó a ICE que tomará acción para proteger a los detenidos, incluyendo que la dependencia realizará pruebas de COVID-19 al menos una vez a la semana y que se asegurará que las celdas estén limpias y desinfectadas.
Vince Chhabria, juez federal de distrito, se involucró luego de que un grupo de inmigrantes detenidos en la cárcel del Condado de Yuba presentó una demanda en contra de ICE para que esta agencia comenzará a liberar a inmigrantes bajo su custodia con el propósito de reducir el número de detenidos y por ende facilitar el distanciamiento social.
