Gobierno de Biden no usará examen de ciudadanía más largo y difícil diseñado por la administración de Trump

Este artículo fue publicado por primera vez en 8 de diciembre del 2020. Fue actualizado el 23 de febrero del 2021.

El gobierno del presidente Joe Biden discontinuará el examen de ciudadanía que había ordenando la administración de Trump. Esta versión de la prueba, un paso requerido para recibir el estatus de ciudadano de Estados Unidos, originalmente fue implementado en diciembre del 2020, pero el nuevo gobierno señala que podría crear barreras inecesarias para alcanzar la ciudadanía.

El Servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos (o USCIS por sus siglas en ingés) anunció este lunes que reanudaría la versión del 2008 del examen de derecho cívico. Según la dependencia, esta versión fue desarrollada a lo largo de un período de revisión que duró varios años y pasó por una fase piloto antes de que fuera implementada.

Este cambio es parte de una revisión más grande del proceso de naturalización que fue anunciada por el presidente Biden el mes pasado para "eliminar barreras y asegurar el proceso sea más accesible para todos los individuos que califiquen", así lo informó la agencia por un comunicado.

Defensores de inmigrantes han criticado la versión del examen del 2020, la cual era más larga y posiblemente más difícil, y afirman que fue un último intento de la presidencia de Trump para prevenir que más inmigrantes calificaran para recibir los beneficios que conlleva la ciudadanía estadounidense, incluyendo el derecho al voto.

"La prueba de ciudadanía del presidente Trump era el resultado de intolerancia y xenofobia, no tenía nada que ver con la cívica o un deseo para mejorar el proceso de naturalización", dijo por un comunicado Melissa Rodgers, quien dirige la programación del Centro de recursos legales para inmigrantes en San Francisco.

"Aplaudimos la decisión de USCIS y del gobierno de Biden por tomar esta decisión crítica", agregó.

Quienes entregaron su solicitud para la ciudadanía entre 1 de diciembre del 2020 y 1 de marzo del 2021 tendrán dos opciónes: tomar la versión del examen del 2020 o la del 2008. USCIS ha informado que la versión del 2020 ya no será utilizada a partir de 19 de abril del 2021.

Artículo original publicado en 1 de enero del 2020:

Read in English

Cualquier persona que haya presentado su solicitud para la ciudadanía después del 30 de noviembre de este año tendrá que pasar un examen cívico actualizado, el cual es más extenso y posiblemente más difícil que la versión anterior que había sido utilizada por más de una década.

La nueva versión del examen para el 2020 podría impactar a las casi 2.2 millones de personas con el estatus de residente permanente que residen en California, la cifra más grande de cualquier estado.

El Servicio de ciudadanía e inmigración (USCIS por sus siglas en inglés), la dependencia encargada de procesar las solicitudes de ciudadanía, ha duplicado la cantidad de preguntas en el examen. Funcionarios de inmigración ahora harán 20 preguntas fuera de una lista de 128 posibles preguntas. El solicitante tendrá que responder 12 de las 20 preguntas correctamente para pasar.

La versión previa del examen sólo hacía 10 preguntas fuera de 100. Inmigrantes que hayan presentado su aplicación antes del 1 de diciembre aún les tocará esa versión.

Según USCIS, estos cambios podrán medir mejor el conocimiento sobre la historia y valores cívicos estadounidenses de alguien que aspire a la ciudadanía. La agencia también sostiene que estos valores son una parte integral de lo que se requiere para participar en la democracia del país. La última vez que el examen fue actualizado fue en 2008.

"La ciudadanía estadounidense es el mayor beneficio migratorio que nuestra nación ofrece", dijo Sharon Rummery, vocera de USCIS. "Prepararse para un examen de ciudadanía ayuda a quienes buscan ser ciudadanos entender el significado y las responsabilidades de la ciudadanía estadounidense. Esto les permite hacerse ciudadanos exitosos, que son parte de nuestra sociedad y que sostienen los valores fundamentales que unen a todos los estadounidenses".

Pero defensores de inmigrantes han rechazado estos cambios como un intento de último minuto por parte del gobierno de Donald Trump para restringir el camino hacia la ciudadanía y los beneficios que conlleva, incluyendo el derecho de votar en elecciones locales, estatales y federales.

"Creemos que esto es una manera para desalentar a las personas que están considerando aplicar para la ciudadanía", dijo Bethzy García, quien coordina el programa de asistencia para la ciudadanía de la Coalición por los derechos humanos de los inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). "Es una manera para intimidar a la gente. Si fuera poco, ya muchos de los que aplican sienten mucha ansiedad al hacer la prueba".

García dijo que CHIRLA ayuda a más de mil personas cada año para obtener la ciudadanía. Muchos de ellos son inmigrantes mayores que hablan poco inglés o se les hace difícil memorizar respuestas.

Además memorizar una lista de valores cívicos estadounidenses, los solicitantes también deben de ser adultos que puedan leer y escribir en inglés, y demostrar un buen carácter moral, entre otros requisitos.

Por ley, USCIS continuará ofreciendo excepciones a aspirantes que tengan más 65 años o más y que han sido un residente permanente por al menos 20 años. A ellos se les permite tomar el examen en el idioma que deseen y sólo tienen que estudiar 20 preguntas.

Casi 9 millones de inmigrantes son elegibles para aplicar para la ciudadanía, esto según cálculos del Centro para los estudios de integración migratoria de la Universidad del Sur de California. Pero muchos no aplican a causa de no hablar el inglés suficientemente o por el alto precio de mandar la solicitud, que actualmente está 725 dólares.

A principios de este año, el gobierno de Trump intentó aumentar de manera significativa los costos para aplicar, a mil 170 dólares y también propuso incrementos para los pagos de los permisos de trabajo y otros beneficios migratorios. Pero una corte en San Francisco rechazó estos aumentos tan solo días antes de que entraran en efecto el 2 de octubre.

Aún así, el proceso para la ciudadanía se ha hecho más complicado durante la administración de Trump, ya que los funcionarios de USCIS cada vez exigen más documentos de los solicitantes. En algunos casos, piden el historial de viajes de los 10 años pasados, cuando normalmente sólo se pide de 5 años, dijo Diego Iñíguez-López, gerente de política y campañas de la Alianza nacional para nuevos estadounidenses, una coalición de organizaciones pro inmigrantes.

El nuevo examen es solamente otra manera en que el gobierno de Trump está tratando de prevenir que más inmigrantes se vuelvan ciudadanos, dijo él.

"Esto es muy similar a las cientos de medidas contra inmigrantes que hemos visto que han sido consideradas", dijo Iñíguez-López. "Y es parte un esfuerzo para excluir a inmigrantes de la democracia y la representación política".

USCIS expresó luego de hacer estos cambios que colaboró con organizaciones comunitarias y educadores para adultos durante el proceso para modificar el examen. Pero Iñíguez-López dijo que hubo un "esfuerzo mínimo" por parte del gobierno para involucrar a organizaciones y expertos del proceso de naturalización

Él y otros defensores de inmigrantes han criticado el estilo y respuestas de varias preguntas, incluyendo para una que cuestiona a quién representa un senador de Estados Unidos. En la versión previa, la respuesta correcta era "todas las personas que viven en un estado". Ahora, los solicitantes tendrán que responder "los ciudadanos de su estado".

"El primer problema es que esa pregunta está incorrecta, y segundo, esto demuestra el prejuicio del gobierno de Trump en contra los inmigrantes en forma de la prueba cívico", dijo Iñíguez-López. "Los senadores representan a todas las personas en su estado".

Iñíguez-López, junto a otros defensores de inmigrantes, le están pidiendo al presidente electo Joe Biden que reintegre la versión previa del examen. También quieren que el gobierno de Biden facilite el proceso para solicitar la ciudadanía, y sugieren que se cancelen los aumentos de los costos para el trámite de naturalización y optimizar el proceso de ciudadanía para procesar de manera más rápida las 740 mil aplicaciones que siguen pendientes.

Este artículo fue traducido por el periodista, Carlos Cabrera-Lomelí.