El verano pasado, Imelda Arroyo y una compañera de trabajo de un restaurante de comida rápida de Oakland presentaron una queja ante la agencia estatal encargada de velar por el cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo. A varios de sus compañeros se les había diagnosticado COVID-19, pero su jefe no notificó al personal y no se aseguró de que todos los empleados y clientes usaran mascarillas, dijo Arroyo.
"Sentí que ponían a los clientes y a nosotros a un riesgo demasiado grande", dijo ella. "Tenía miedo. Sabía que en cualquier momento me podía enfermar en el trabajo, y enfermar a mi familia".
A la madre de familia le preocupaba llevar el coronavirus a casa donde vive con sus tres hijos y una hermana diabética quien corre mayor riesgo de padecer de una enfermedad grave. Arroyo quería que los inspectores estatales de Cal/OSHA llegaran a investigar rápidamente y asegurar su lugar de trabajo.
Pero en los meses posteriores, sus empleadores del restaurante siguieron sin cumplir las normas estatales (sólo en inglés) para evitar la exposición al virus, y más compañeros de trabajo se infectaron, dijo ella.
"Estaba pidiendo protección", dijo Arroyo. Presentó su queja a Cal/OSHA en junio de 2020 después de intentar sin éxito que su gerente abordara sus preocupaciones. "Pero no me escucharon y tardaron demasiado".