'Tan doloroso': 400 mil inmigrantes podrían ser deportados luego del fallo a favor de Trump

Cristina Morales (a la izquierda) camina por Richmond, California con sus hijos Diego y Crista, quienes son ciudadanos estadounidenses el pasado, 7 de julio del 2020. Morales es una de los 400 mil inmigrantes que podría perder su estatus migratorio y permiso para trabajar en EE.UU. luego del fallo de una corte de apelaciones.  (Beth LaBerge/KQED)

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Más de 400 mil inmigrantes, la mayoría de los cuales han vivido por mucho tiempo en los Estados Unidos, podrían perder sus amparos humanitarios y ser deportados a partir del próximo año, luego de que una corte de apelaciones fallará en favor del gobierno de Trump.

Con una decisión de 2-1, el panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito en Pasadena revocó el fallo de un tribunal inferior el cual le había prohibido a las autoridades migratorias terminar el programa llamado Estatus de Protección Temporal (mejor conocido como TPS por sus siglas en inglés) para personas provenientes de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán.

La demandante Cristina Morales es una beneficiara del TPS y es proveniente de El Salvador. Ella ha vivido casi toda su vida en los Estados Unidos. Sus dos hijos nacieron en ese país, incluyendo Crista Ramos de 16 años, quien es la demandante principal en el caso judicial Ramos v. Wolf.

Morales, quien es una asistente de enseñanza en San Pablo dice que le llegó por mensaje de texto la noticia de que el tribunal le había dado la razón al gobierno de Trump, esto mientras le leía un libro a sus alumnos de segundo grado a través de Zoom.

"Tenía que tragar mis sentimientos y seguir con la lección", dice Morales de 39 años. "Me siento enojada, me siento frustrada…el miedo de ser separada de mi familia es tan real, es tan doloroso".

Alrededor de 270 mil niños estadounidenses tienen padres con TPS, lo que permite que los beneficiarios se queden y trabajen en EE.UU., pero sin un camino a la ciudadanía.

Autoridades migratorias podrían anular los permisos de trabajos para quienes son originarios de El Salvador a partir del 5 de noviembre del 2021, según Ahilan Arulanantham, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (o ACLU por sus siglas en inglés). Agrega que inmigrantes de otros países afectados podrían perder su estatus a partir del 5 de marzo.

Crista Ramos se sienta en el parque Marina en Richmond con su madre Cristina Morales, su padre Edgar Ramos y hermano Diego el 7 de julio del 2020. (Beth LaBerge/KQED) (Beth LaBerge/KQED)

Estados Unidos ha ofrecido alivio durante tres décadas

El Congreso creó el TPS en 1990 para proveer alivio humanitario a inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos que no podían regresar a sus países de origen debido a que estos habían sido devastados por guerras o desastres naturales.

El secretario del Departamento de seguridad nacional elige cuáles países son elegibles para este amparo y puede extender este permiso luego de una revisión regular cada 6 a 18 meses.

Inmigrantes de El Salvador, país cuya tasa de homicidios se perfila como una de las más altas del mundo, han sido elegibles por casi 20 años.

Desde el 2017, el gobierno de Trump ha anunciado una serie de anulaciones para el TPS insistiendo que este tipo de protección migratoria ya no era necesaria. Debido a que las condiciones originales y terremotos que produjeron la necesidad para este amparo habían sido resueltos.

Funcionarios de la administración de Trump ya extendieron el amparo para quienes provienen de Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen. Estos grupos representan alrededor del 2% de los beneficiarios actuales del TPS.

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Corte de apelaciones le da la razón al gobierno de Trump

Un grupo de beneficiarios del TPS afectados y sus hijos ciudadanos estadounidenses presentaron una demanda en contra el gobierno federal en el 2018 para asegurar que sus familias pudieran seguir juntas en este país.

Los demandantes insisten que funcionarios federales cambiaron sin proveer una explicación su método para determinar si personas con TPS podrían regresar a su país de origen de una manera segura, lo que iría en contra de leyes nacionales. También afirman que la decisión para anular este amparo ha sido motivada por el racismo de Trump en contra inmigrantes que no son de la raza blanca.

Este lunes, los jueces de circuito Consuelo Callahan y Ryan Nelson revelaron que no estaban de acuerdo con ese argumento. Apuntaron al hecho que administraciones anteriores designaron y luego terminaron este estatus a 12 otros países, entre ellos Bosnia y Herzegovina, Kuwait y Ruanda.

Callahan, nombrada a este tribunal por el entonces presidente George W. Bush y Nelson nombrado por Trump, concluyeron que la corte no tiene la autoridad para examinar la decisión del Departamento de seguridad nacional con respecto al TPS. Y además que los demandantes no tienen suficiente evidencia para ligar la anulación de este amparo para ciertos grupos nacionales con la supuesta intención discriminatoria de Trump.

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"Pese a que hay una cantidad sustancial de evidencia que demuestra cómo funcionarios de la Casa Blanca intentaron influir las decisiones de los Secretarios de seguridad nacional con relación al TPS, y que los Secretarios intentaron y actuaron de una manera para que sus decisiones del TPS conformarán a las políticas migratorias del presidente, no hallamos a estos hechos como inusuales o inapropiados", Callahan escribió en el dictamen de la mayoría.

Por su parte, la jueza Morgan Christen quien no estuvo de acuerdo escribió un disentimiento de 40 páginas, en el cual afirma que la corte sí tiene la autoridad detomar una decisión sobre el tema y que los demandantes lograron demostrar cómo funcionarios del Departamento de seguridad nacional interpretaron el decreto de TPS de una manera bastante diferente que gobiernos pasados.

"Las consecuencias del dictamen de la mayoría son monumentales pero el razonamiento de la mayoría tiene varios puntos débiles", escribió Christen, quien fue nombrada por el entonces presidente Barack Obama.

En una llamada con reporteros, Arulanantham, quien ha sido el abogado principal para los beneficiarios del TPS en este caso, dijo que pediría una segunda examinación de un panel más grande de jueces del 9º Circuito y que también podría solicitar la intervención de la Corte Suprema.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que su dependencia está muy satisfecha con el fallo del tribunal.

"Las circunstancias que resultaron en este estatus temporal para cada país en cuestión…han cambiado de una manera fundamental y el Departamento removió sus designaciones del TPS" dijo el portavoz. "Estos cambios son un punto de referencia para el Departamento durante la administración Trump".

El fallo del tribunal de apelaciones oficialmente aplica a beneficiarios del TPS de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. Pero inmigrantes de Honduras y Nepal que habían presentado una demanda separada también serán impactados debido a un acuerdo legal con funcionarios federales, dice Arulanantham.

Crista Ramos camina por el parque Marina en Richmond con su madre Cristina Morales, padre Edgar Ramos y hermano Diego el 7 de julio del 2020. (Beth LaBerge/KQED) (Beth LaBerge/KQED)

Otro desastre

Wilna Destin, una demandante originaria de Haití quien vive en Florida dice que la decisión de la corte la dejó en shock. Ella y su esposo se recuperaron recientemente de covid-19 y ahora se preparan para la temporada inminente de huracanes, dice ella.

"Tenemos el coronavirus. Tenemos huracanes. Cómo yo lo veo, esto es otro desastre para la comunidad que recibe el TPS", dice Destin, madre de dos niños ciudadanos de Estados Unidos, uno de los cuales es un demandante en el caso. "No es justo para nosotros y es muy triste".

Destin y otros beneficiarios del TPS juran que seguirán presionando al Congreso y a la siguiente administración para conservar estas protecciones.

"No vamos a parar. Vamos a seguir luchando hasta que nos den lo que merecemos para nuestras familias, para nuestros hijos", dice Destin.

El año pasado, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley 'American Dream and Promise Act' (o la Ley del Sueño y Promesa Americana) presentada por la congresista Lucille Roybal-Allard (D-CA). Esta propuesta le ofrecería un camino a la ciudadanía a los beneficiarios del TPS y DACA. El Senado aún no ha empezado a revisar esta propuesta.

Un autobús con 20 beneficiarios del TPS viajará a 54 ciudades, en ruta a Washington, D.C., y hará una parada en San Francisco a finales de este mes. Según la organización 'NorCal TPS Coalition', todo esto se hará para exigirle al Congreso que proteja a este amparo migratorio.

Este artículo fue traducido por el periodista, Carlos Cabrera-Lomelí.

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