La Proposición 25 habría convertido a California en el primer estado en poner fin a la fianza en efectivo al permitir que cada condado use un algoritmo para evaluar el riesgo de fuga de una persona o la probabilidad de reincidir mientras espera el juicio. Los partidarios lanzaron el referéndum como el mejor plan de la Legislatura para promover la justicia racial al cambiar un sistema que se aprovecha de las comunidades de color y los pobres con fines de lucro.
Pero los oponentes, incluida la industria de las fianzas que lucha por su supervivencia y los grupos encargados de hacer cumplir la ley, argumentaron que el sistema existente podría y debería reformarse. A ellos se unieron un pequeño pero vocal número de defensores de las libertades civiles que se opusieron o se negaron a respaldar la medida.
Los votantes estuvieron de acuerdo. El conteo no oficial hizo que la Prop. 25, 55%-44%, fuera derrotada, dejando más trabajo por delante para los legisladores y defensores de la justicia civil para mediar cambios futuros.
“Lo que creo que sí dijeron fue que esto no estaba bien pensado y necesitaba trabajo”, dijo John Lovell, un cabildero de mucho tiempo que ha trabajado para grupos de aplicación de la ley en Sacramento. “Creo que encontrará un consenso general de que sí, se debe hacer algo con respecto a los programas de fianza. Pero que, fundamentalmente, la noción de tener algún incentivo para que alguien regrese a juicio es una noción sólida.