Algunas Familias Separadas en la Frontera Recibieron Asistencia Jurídica Gratuita. EE. UU. Acaba de Rescindir ese Contrato

Read in English

Andrés Mendoza Pablo dice que aún recuerda el día, a principios de 2018, cuando estaba detenido en un centro de detención de inmigrantes cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, y los funcionarios vinieron a llevarse a su hija.

“Ella tenía cuatro añitos, no la podía entregar a ellos. Y ella no podía hablar bien, apenas estaba empezando a hablar. Pero era el dialecto de nosotros, ella no sabía el español o inglés,” dijo Mendoza, que es maya de Guatemala y habla en casa un dialecto indígena llamado Mam, en español.

Después de negarse a entregarles a su hija, Mendoza dijo que ocho funcionarios agarraron a los dos y los empujaron contra una pared. Unos le abrieron los brazos, otros le separaron las piernas y, finalmente, le arrancaron a su hija del pecho y se la llevaron gritando.

Durante semanas, Mendoza no supo dónde estaba su hija Catalina ni cuándo volvería a verla. Cuando preguntó por ella a los funcionarios del centro de detención, le dijeron que él había sido detenido solo y que no tenían a su hija bajo custodia.

A través del Consulado de Guatemala, Mendoza se enteró de que su hija había sido llevada a El Paso, Texas, a cientos de kilómetros de distancia. El reencuentro de ambos se produciría cuatro meses después, en Guatemala.

Mendoza, que ahora vive en Stockton, es uno de los miles de padres que fueron separados por la fuerza de sus hijos en centros de detención de inmigrantes durante el primer mandato del presidente Trump.

Como parte de un acuerdo judicial en una demanda colectiva presentada por la Unión Americana por las Libertades Civiles (o ACLU por sus siglas en inglés) sobre las separaciones, el gobierno federal aceptó financiar los servicios legales para esas familias, incluida la ayuda para solicitar asilo o permiso temporal para vivir y trabajar en los EE. UU. Sin embargo, los proveedores de servicios legales afirman que ese programa, conocido como Servicios de Acceso Legal para Familias Reunificadas, ahora está en peligro.

Críticas al plan del gobierno

El mes pasado, el gobierno anunció que no renovará su contrato de servicios jurídicos con Acacia Center for Justice (enlace sólo en inglés), que expiraba menos de 20 días después, el 30 de abril.

Los abogados de la ACLU han argumentado que esto constituye un incumplimiento del acuerdo extrajudicial y quieren que los tribunales intervengan. Ambas partes se volverán a ver en los tribunales el miércoles 4 de junio.

Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (o ICE por sus siglas en inglés) y de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (o EOIR por sus siglas en inglés) (enlace sólo en inglés), que ahora dirige el programa, se negaron a hacer comentarios para este artículo.

En los documentos presentados ante el tribunal, los abogados de ICE han expuesto algunos de sus planes. Afirman que la EOIR recurrirá a abogados pro bono para “maximizar la eficiencia en la prestación de los servicios del programa.”

Durante una audiencia judicial federal celebrada en el sur de California el 15 de mayo, los abogados del ICE afirmaron que ya habían recibido 71 respuestas de entidades o personas que habían expresado su interés en realizar este trabajo de forma gratuita y que estaban trabajando para encontrar más.

“La EOIR está abordando esto de manera diferente. Habrá más capacitación colectiva, más programas en línea, están realizando muchas actividades de promoción,” afirmó Christina Parascandola, una de las abogadas de ICE.

Sin embargo, proveedores de servicios jurídicos como Sara Van Hofwegen, directora general de programas de accesibilidad jurídica de Acacia, han expresado su escepticismo sobre la posibilidad de que el gobierno encuentre suficientes abogados pro bono para satisfacer las necesidades de los casi mil 200 miembros del colectivo a los que Acacia y sus subcontratistas han prestado asistencia.

“Básicamente, lo que está haciendo el Gobierno es recortar los fondos destinados a los proveedores de servicios jurídicos y luego dirigirse a ellos y decirles “por favor, acepten estos casos de forma gratuita””, afirmó Van Hofwegen.

Van Hofwegen también hizo hincapié en que proporcionar ayuda de calidad a las familias inmigrantes que han sido separadas por la fuerza requiere un nivel de confianza con los proveedores de servicios legales que es poco probable que el gobierno federal pueda ofrecer.

“En nuestras consultas con la gente, les preguntamos todo sobre su historia. Nos cuentan cosas muy personales que les han sucedido, dijo Van Hofwegen. No es realista esperar que tengan ese tipo de relación con el gobierno que les ha hecho daño, y creemos que serán muy pocas las personas que se atrevan a solicitar los servicios.”

Mendoza se sumó a esta opinión.

“Recuerdo lo que me hizo, me separó con mi hija. Lo primero que va a ser es … me da miedo … Yo digo que me va a deportar a mí, a mi familia,” dijo Mendoza.

Proveedores y clientes en el limbo

Los proveedores de servicios jurídicos que trabajan con las familias reunificadas afirmaron que la cancelación del contrato les tomó por sorpresa.

“Incluso nos enviaron un informe del trabajo realizado, nos pidieron varios presupuestos diferentes y, de repente, recibimos una notificación en la que nos comunicaban que no tenían intención de renovar el programa. Recibimos esa notificación el 11 de abril,” afirmó Van Hofwegen.

A pesar de que el contrato expiró a finales de abril, algunas de las oficinas regionales subcontratadas para prestar asistencia jurídica decidieron seguir ofreciendo sus servicios.

Una de ellas es el Centro de Inmigración para Mujeres y Niños (o ICWC por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro con sede en San Francisco. Danielle Fritz, directora jurídica del centro, afirmó que su oficina está priorizando los casos en los que las familias tienen plazos inminentes.

“Diría que probablemente la mitad de las personas a las que hemos atendido necesitan ayuda con diversos asuntos, ya sea para solicitar la renovación de la libertad condicional, presentar mociones ante el tribunal de inmigración o cumplir los plazos para solicitar asilo,” afirmó Fritz.

Sin embargo, sin financiación, Fritz afirma que el programa es insostenible. Espera que el asunto se resuelva pronto en los tribunales y se restablezca el contrato, pero mientras tanto las familias podrían no cumplir con plazos que son cruciales.

Como parte del acuerdo extrajudicial, los proveedores de servicios legales ayudaron a los miembros del grupo a tramitar solicitudes de inmigración, como las de libertad condicional, que les permiten vivir en el país durante tres años.

La libertad condicional de Mendoza y su familia expiraba el 3 de mayo, pero él dijo que el ICWC les ayudó a renovarla.

También espera utilizar esos servicios legales para solicitar asilo por motivos de persecución política y racial.

Mendoza dijo que anteriormente había trabajado como conductor para un miembro de un controvertido partido político conservador, ahora disuelto, y que se había convertido en blanco de sus oponentes. Según contó, un día alguien echó agua hirviendo sobre su pequeña choza, causando quemaduras a su hija en el cuello y el pecho. También dijo que había sufrido discriminación por ser indígena en Guatemala.

En la audiencia judicial celebrada el 15 de mayo, Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, afirmó que, aunque 414 personas tenían permisos de libertad condicional o autorizaciones de trabajo que expiraban solo en mayo, la EOIR apenas había puesto en contacto a 74 personas con abogados pro bono.

Los abogados de ICE respondieron que la ACLU no podía citar ni un solo caso hasta la fecha en el que un miembro del colectivo hubiera sido denegado servicios por parte del gobierno. También argumentaron en los documentos presentados ante el tribunal que el acuerdo extrajudicial no les obliga a contratar a un contratista para renovar la libertad condicional o los permisos de trabajo solo con las solicitudes iniciales.

El juez federal de distrito Dana M. Sabraw ordenó finalmente al Gobierno que notificara a la ACLU en un plazo de 24 horas si detenía a cualquier miembro de la demanda colectiva o a sus familiares directos, pero los abogados del ICE han solicitado a Sabraw que revoque dicha orden o al menos darles hasta 72 horas..

Sabraw ha indicado que se pronunciará sobre si el Gobierno está incumpliendo el acuerdo durante la audiencia del miércoles o poco después, y mientras tanto las familias que dependen de estos servicios esperan con ansiedad.

“Mis hijos estaban muy preocupados porque están muy pegados a la escuela. Ya están muy hallados. Ya conocen a muchos ahí, tienen mucha amistad con los maestros. A ellos les gusta mucho la escuela,” dijo Máximo Hernández Perez, otro integrante del grupo cuya libertad condicional expiraba en mayo.

Hernández dijo que lleva décadas intentando establecerse en los Estados Unidos, tras huir de Guatemala en 1989 por temor a ser reclutado por el ejército.

Él y su hija Celina, que entonces tenía 14 años, fueron detenidos tras cruzar la frontera en 2017.

La patrulla fronteriza los agrupó con otras personas que habían sido detenidas, según Hernández, y los subieron a vehículos separados: los adultos en uno y los niños en otro.

Hernández fue deportado y Celina fue enviada a vivir con un familiar en Florida. Los dos hablaban por teléfono, pero no se habían visto en persona durante casi cinco años.

“Le dije ‘está bien, hija, está bien. Ya ves que sufrimos, estuvimos mucho tiempo. Y pues, solo Dios sabe si un día nos podemos ver. Y si no, pues tú échale ganas, estás allá, … Valora lo que nos pasó, lo que nos sucedió. Quiero que te portes bien,'” le dijo Hernández.'”Valora lo que nos pasó, lo que nos sucedió. Quiero que te portes bien.'”

Aunque el tiempo que pasaron separados fue difícil e incluso traumatizante, Hernández dijo que agradece a Dios y al programa de asistencia jurídica por lo que ha logrado su familia.

Uno de sus hijos se graduó de la escuela secundaria la semana pasada y otra hija pronto irá a la universidad, pero para entonces necesitarán ayuda para renovar su libertad condicional nuevamente.

Hernández dijo que espera que el programa siga existiendo para ofrecer esa ayuda.

Este artículo fue traducido por la periodista, María Peña.