Sin ingresos desde la primavera, Mariana, que limpia casas, y su esposo Gerardo, que es un vendedor de puerta en puerta, pagaron a su arrendador apenas 300 dólares de los 1200 dólares del alquiler por un apartamento de una habitación en el que se amontonan con su hijo de 2 años y su hija de 8 años, en National City.
Mariana era trabajadora social en México antes de que su familia llegara a los EE. UU. Si tuviera la ciudadanía, eso es lo que le gustaría hacer aquí, o tal vez dirigiría una guardería o un hogar de ancianos. Podría trabajar desde la casa, no habría perdido su trabajo, e incluso si lo hubiera hecho, solicitaría beneficios por desempleo. “Yo hubiera podido trabajar de casa, no hubiera perdido mi trabajo, o aplicar para un desempleo” dijo.
“Esta podría ser la diferencia”, comentó Mariana.
En ausencia de medidas asistenciales de protección, los residentes indocumentados de California se han precipitado a una pobreza profunda, enfrentando largos períodos de desempleo, nuevas demandas en lo que respecta a cuidado infantil, gastos inesperados y, a menudo, la necesidad de arriesgar su salud para poder subsistir. CalMatters acordó usar únicamente el primer nombre de la entrevistada porque ella, su marido y su hija son indocumentados.
Incluso en un estado que ha tratado de romper las barreras económicas para quienes carecen de estatus legal mediante la concesión de licencias de conducir y la ampliación de la atención médica para los niños, los legisladores de California se debaten sobre cuánta ayuda se debe proporcionar a sus residentes más marginados. En los últimos días de la sesión legislativa, los legisladores aprobaron dos proyectos de ley para proporcionar una modesta asistencia financiera a los californianos indocumentados: uno proporcionaría un alivio inmediato a través de una asistencia de 600 dólares para comestibles y el otro permitiría que los indocumentados que declaran impuestos reciban el crédito fiscal del estado para los trabajadores de bajos ingresos, a partir de la próxima primavera.