Sin ingresos desde la primavera, Mariana, que limpia casas, y su esposo Gerardo, que es un vendedor de puerta en puerta, pagaron a su arrendador apenas 300 dólares de los 1200 dólares del alquiler por un apartamento de una habitación en el que se amontonan con su hijo de 2 años y su hija de 8 años, en National City.
Mariana era trabajadora social en México antes de que su familia llegara a los EE. UU. Si tuviera la ciudadanía, eso es lo que le gustaría hacer aquí, o tal vez dirigiría una guardería o un hogar de ancianos. Podría trabajar desde la casa, no habría perdido su trabajo, e incluso si lo hubiera hecho, solicitaría beneficios por desempleo. “Yo hubiera podido trabajar de casa, no hubiera perdido mi trabajo, o aplicar para un desempleo” dijo.
“Esta podría ser la diferencia”, comentó Mariana.
En ausencia de medidas asistenciales de protección, los residentes indocumentados de California se han precipitado a una pobreza profunda, enfrentando largos períodos de desempleo, nuevas demandas en lo que respecta a cuidado infantil, gastos inesperados y, a menudo, la necesidad de arriesgar su salud para poder subsistir. CalMatters acordó usar únicamente el primer nombre de la entrevistada porque ella, su marido y su hija son indocumentados.
Incluso en un estado que ha tratado de romper las barreras económicas para quienes carecen de estatus legal mediante la concesión de licencias de conducir y la ampliación de la atención médica para los niños, los legisladores de California se debaten sobre cuánta ayuda se debe proporcionar a sus residentes más marginados. En los últimos días de la sesión legislativa, los legisladores aprobaron dos proyectos de ley para proporcionar una modesta asistencia financiera a los californianos indocumentados: uno proporcionaría un alivio inmediato a través de una asistencia de 600 dólares para comestibles y el otro permitiría que los indocumentados que declaran impuestos reciban el crédito fiscal del estado para los trabajadores de bajos ingresos, a partir de la próxima primavera.
Esta asistencia maltrecha no dará cuenta de la profunda necesidad que enfrentan entre 2 y 3.1 millones de inmigrantes indocumentados de California, y uno de cada ocho niños en edad escolar que tienen un padre de familia indocumentado, dicen los defensores. Pero ayudará.
“Ya con eso pagaríamos la deuda”, afirmó Mariana: Con eso, pagaríamos la deuda, los 2000 dólares que ahora deben a su arrendador.
Ahora le toca al gobernador Gavin Newsom decidir si los convierte en ley. En el pasado, Newsom ha aplazado la inclusión de todos los trabajadores indocumentados en el crédito fiscal, incluso en una ampliación a mayor escala, argumentando inquietudes financieras, de las que se hicieron eco los legisladores conservadores en las audiencias de la semana pasada.
“Tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a cómo gastamos los dólares del estado”, señaló el senador John Moorlach, republicano de Costa Mesa, quien votó en contra del proyecto de ley.
Dos olas de COVID, impactos financieros
La mayoría de los californianos indocumentados trabajan en tareas que no se pueden hacer desde casa.
Alrededor de un tercio trabaja en industrias que la COVID-19 detuvo inmediatamente, como servicios de alimentos, venta al por menor, cuidado de niños, servicios de limpieza o jardinería, según un análisis del Centro de Presupuesto y Política de California.
En marzo, los trabajadores del sector de restaurantes perdieron sus empleos, dijo Arcenio López, director ejecutivo del Proyecto de Organización Comunitaria Mixteco/Indígena, que presta servicios principalmente con inmigrantes indocumentados e indígenas del sur de México que viven en los condados de Ventura y Santa Bárbara.
López comentó que muchos propietarios les dijeron a los trabajadores domésticos y de jardinería que dejaran de acudir a trabajar. Muchos perdieron sus ingresos durante tres meses, mientras gastaban dinero extra para abastecerse de comestibles, jabón y mascarillas.